Actores de las inversiones extractivas de China en América Latina

La búsqueda de lo diferente y único sobre el tema de la inversión china en América Latina ocupa gran parte del tiempo de aquellos que estudiamos estas relaciones.

Algunos análisis tienden a la exageración optimista, señalando a China como un gran benefactor dispuesto a entablar relaciones simétricas y brindar oportunidades de desarrollo a cualquier país dispuesto a abrir sus puertas a una ola de inversiones.

En otros casos, con más frecuencia, las conclusiones adquieren un tono oscuro y presentan a China como un gigante a temer que deja tras de sí devastación social y medioambiental, vulnera derechos elementales, y se apropia de los recursos de naciones frágiles.

Ambas perspectivas pecan de hipérbole.

A pesar de características únicas en lo que se refiere a su estructura propietaria, fuentes de financiación y desarrollo empresarial, las empresas chinas en América Latina no son especialmente singulares a nivel local. Al mismo tiempo, pese a no transformar cualitativamente las relaciones entre sociedad, medioambiente y extractivismo, y por tanto asemejarse en gran medida a otras empresas del sector, sí que es posible señalar diferencias importantes entre inversores chinos.

Existen varios actores y factores a tener en cuenta para entender las inversiones extractivas chinas en la región y su papel desde una perspectiva social y medioambiental.

En primer lugar, podemos diferenciar entre actores con impacto directo o indirecto. Entre aquellos con una influencia indirecta se encuentran los bancos políticos chinos, que han negociado préstamos por un valor de US$140 mil millones en la región (en base a Gallagher y Myers). Estos créditos son en su mayor parte pagados con recursos naturales, o están al menos avalados con materias primas, lo cual incrementa el imperativo extractivista en América Latina.

Los bancos estatales chinos también han incentivado inversiones chinas en la región, con créditos blandos que en los últimos años incorporan normativas sociales y medioambientales, aunque su capacidad supervisora es muy limitada.

Para centrarnos en los impactos directos debemos estudiar proyectos extractivos concretos.

Aquí es necesario resaltar el poderío inversor chino, pero al mismo tiempo relativizarlo y recordar como, por ejemplo, a nivel de minería, la actividad inversora canadiense en la región está todavía muy por delante de la china.

En cualquier lugar, los grandes volúmenes de inversión a partir de la crisis financiera global en el 2008 señalan a China como una potencia de gran relevancia para la región. Las empresas chinas que operan en América Latina destacan por su diversidad: de propiedad estatal a nivel del gobierno central como Chinalco; de propiedad estatal parcial a nivel municipal como Zijin; o de propiedad privada como Nanjinzhao, por poner algunos ejemplos.

Pese a que todas ellas operan bajo una lógica de beneficio económico, algunas empresas estatales del gobierno central se preocupan también por la repercusión de sus actividades en la imagen del país y sus intereses diplomáticos.

No obstante, la distinción más importante tiene que ver con las subsidiarias y colaboradores locales. Existen aquí dos factores clave.

En primer lugar, la filosofía de la subsidiaria local. En países como Perú, las empresas chinas heredan estructuras empresariales y personal de las compañías que adquieren. Por lo tanto, su mentalidad a nivel local refleja comportamientos previos. En algunos casos esto lleva a reducciones de costes que reflejan el modus operandi de compañías junior con poca preocupación por la temática social y medioambiental.

En otros casos, esto lleva a las compañías chinas a fomentar relaciones cordiales con las poblaciones locales a través de programas de responsabilidad corporativa e inversión en comunicación, aunque como en los casos de otras compañías transnacionales los impactos de estas estrategias tienden a ser limitados, ya que el principal objetivo es optimizar los beneficios económicos con una rápida puesta en marcha de los proyectos.

En segundo lugar, el contexto geográfico es también clave.

Proyectos ya en fase de producción o nuevos proyectos ubicados en regiones con tradición extractivista suelen pasar más desapercibidos, mientras que aquellos que intentan abrirse paso en regiones de economía principalmente agrícola suelen encontrar mayor oposición, y sus impactos tienden a ser más problemáticos debido a la dependencia de las economías locales en los recursos acuíferos.

A su vez, y sin duda alguna, el peso de los temas medioambientales en las agendas de desarrollo nacional, y la capacidad y voluntad supervisora y penalizadora del estado receptor juegan un papel esencial.

Curiosamente, dadas las demandas de desarrollo económico y las pocas alternativas competitivas en el contexto latinoamericano, encontramos gobiernos de signos políticos completamente opuestos (ya sean Ecuador y Perú, o Venezuela y el Brasil actual) que apoyan por igual la expansión de la minería, en ocasiones enfrentándose a las críticas de grupos ecologistas u organizaciones indígenas.

Esto indica que más allá de la capacidad gubernamental hay una voluntad generalizada de apoyo al extractivismo que puede comprometer las prioridades sociales y medioambientales.

Finalmente, la sociedad civil es clave a la hora de controlar y resistir los impactos negativos del extractivismo, con gran cantidad de proyectos estancados debido a la movilización social.

Los conflictos sociales suelen dividirse entre aquellos en torno a temática laboral y aquellos en torno a temática territorial y medioambiental. Estos últimos han tenido mayor incidencia en el retraso o la paralización de distintos proyectos.

Por otro lado, la débil sociedad civil china en ningún caso puede llegar a ejercer presiones sobre empresas registradas en su país para exigir que mejoren sus comportamientos en el extranjero, siendo ésta una estrategia que, aunque no siempre efectiva, sí que es viable en países democráticos, cuyas ONGs suelen monitorear las actividades de empresas nacionales, e incluso colaborar con las poblaciones afectadas en la región.

A modo de conclusión, deseo resaltar que las empresas chinas en América Latina operan dentro de una lógica capitalista en un contexto de globalización competitiva, y tanto en este aspecto como en sus comportamientos a nivel local se asemejan a otras transnacionales en la región.

No obstante, es también necesario subrayar el alto grado de diversidad entre inversores chinos, que debe ser estudiado teniendo en cuenta las distintas dinámicas locales.

 

Rubén González Vicente es Profesor de Relaciones Internacionales y Economía Política de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Doctor en Geografía de la Universidad de Cambridge y Master de la City University of Hong Kong. Es coordinador del eje Medio Ambiente y Desarrollo de la Red China y América Latina: Enfoques Multidisciplinarios (REDCAEM).

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