Centroamérica: entrelazamiento COVID-19, cambio climático y migraciones

A casi un año del surgimiento del virus COVID-19, proveniente de la ciudad de Wuhan en China, y la propagación a nivel mundial cuyo alcance incluye los países que integran la región centroamericana; lo cierto es que sus efectos se siguen manifestando hasta la actualidad, lo que comenzó por evidenciar las limitaciones del sistema de salud en la mayoría de países centroamericanos, aunado a una mayor desaceleración de las economías que se acentuó a partir del cese de actividades escolares y laborales como parte de la política de confinamiento social para contener la pandemia.

Sin embargo, a un año de esta pandemia, se registra un incremento en los índices de pobreza, un alza en las tasas de desempleo y, por si fuera poco, la inclemencia del temporal de lluvias tropicales, atribuidas al cambio climático a nivel global, se convirtieron en las principales amenazas para la sobrevivencia de muchos de los habitantes de este corredor ístmico, que conecta la América del Norte con la del Sur.

Precisamente, esos estragos climáticos a lo largo del istmo centroamericano, colapsaron la capacidad de atención directa a la población en países como Honduras, que de sus 10 millones de habitantes, 4 millones de ellos, pasaron a convertirse en damnificados de la severidad con que tocaron tierra las depresiones tropicales ETA e IOTA en el mes de noviembre 2020.

También se han sumado los efectos de contagio masivo de COVID-19, derivado de las aglomeraciones en albergues y sitios de refugio, instalados en medio de este tipo de catástrofes naturales que colapsaron la capacidad de respuesta del propio gobierno hondureño.

En ese sentido, el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, solicitó de inmediato a manera de “súplica”, la ayuda internacional, calculada en cerca de US$ 10.000 millones para la reconstrucción de Honduras, no obstante, las aportaciones del extranjero han sido limitadas, lo que ha llevado incluso a este mandatario a solicitar a otras instancias internacionales, la obtención de “bonos verdes” para lograr paliar de algún modo la difícil situación de emergencia que enfrenta su país en estos últimos meses, pero que, ante la limitada capacidad de respuesta, desató un incremento sustantivo del fenómeno migratorio en masa.

Lo que en los últimos años se conoce mediáticamente como las llamadas “caravanas” que trascurren, principalmente entre los países que conforman el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras); así, en medio de esta coyuntura en la que se entrelazan de forma negativa los efectos por la dispersión del COVID-19 y los resultados a partir de las afectaciones ocasionadas por el cambio climático, sin duda, se evidencia el surgimiento de otra modalidad de migrantes, que merece toda la atención en el presente y en el futuro inmediato, al observarse la aparición de migrantes pandémicos, que refiere a las personas que deben abandonar su lugar de origen ante la amenaza de un tipo de enfermedad contagiosa; pero también de migrantes climáticos, en alusión a aquellas personas que abandonan su lugar de origen ante los cambios repentinos o progresivos que modifican su entorno geográfico.

Esto último se vincula además, con la elección del demócrata Joe Biden al frente de la presidencia de Estados Unidos, quien desde su elección el pasado mes de noviembre y en su reciente toma de posesión, el 20 de enero del año en curso, ha dado a conocer entre sus principales acciones de gobierno, una singular atención por el tema migratorio, al actuar en favor de legalizar a casi 11 millones de inmigrantes irregulares y de ampliar el estatuto temporal a hondureños y salvadoreños tras el paso de los huracanes ETA e IOTA.

Sin embargo, estas señales que fueron escuchadas como una especie de “canto de sirena” entre más de un centroamericano, se convirtió en un mensaje cruzado que exacerbó, en principio, la salida de por lo menos 9.000 personas a inicios del mes de enero pasado desde el territorio hondureño, concretamente desde San Pedro Sula, sitio que pasó de ser el centro industrial y de la actividad maquiladora de dicho país, para convertirse en una de las áreas más afectadas tras el paso de los huracanes antes mencionados.

Lo anterior tomó otra perspectiva, una vez que los migrantes en masa arribaron al territorio vecino de Guatemala, donde las autoridades locales tuvieron la encomienda de contener, dispersar y deportar a los integrantes de esta caravana.

Asimismo, las autoridades migratorias en México, ante esta avalancha de personas, se vieron en la urgente necesidad de establecer medidas alternativas al tránsito fronterizo, entre ellas, la solicitud de pruebas de COVID-19, entre los transeúntes a través de los puestos fronterizos mexicanos; esto sin dejar de mencionar que algunos migrantes han terminado por enrolarse en las rutas clandestinas que han implementado algunos carteles mexicanos, cuya actividad lucrativa ha dejado de centrarse estrictamente en el tráfico de drogas, incursionando en el tráfico y la trata de personas, quienes anhelan con vehemencia su llegada a suelo estadounidense.

De acuerdo a lo anterior, en el caso de México, la cifra de personas deportadas se ha incrementado paulatinamente en estos últimos años, según cifras oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Instituto Nacional de Migración (INM), México expulsó entre 84.000 a 118.000 migrantes a sus respectivos países de origen en el año 2019, casi la mitad provenientes de Honduras, un 27% de Guatemala y el 11% de El Salvador. Sin embargo, a partir del comienzo de la pandemia, entre marzo de 2020 y los primeros meses del 2021, las deportaciones desde suelo mexicano se han elevado hasta alcanzar la cifra de 280.000 personas inmersas en este tipo de situación.

Por tanto en medio de este panorama, lo que se observa en el horizonte cercano a través de los planes de la actual administración demócrata en Estados Unidos, más allá de procurar la revitalización de una “democracia frágil” para “todos los estadounidenses” como lo expresó el presidente Joe Biden en su toma de posesión del mes de enero, promoviendo lo que llamó la “igualdad racial; a la postre, consiste en buscar de una manera sutil y velada, el uso de la “zanahoria” en reemplazo del “garrote” que caracterizó a su antecesor, en lo que respecta al abordaje del tema migratorio.

Para ello, este tipo de “contención suave” que pretende ejecutar la administración del presidente Biden, se justifica a partir de un asunto fundamental que asumió durante su campaña electoral, y que trasciende a la gestión como gobernante, al pretender a toda costa y por todos los medios, frenar la escalada de contagios por COVID-19 entre la población estadounidense, que ha llevado a que el país se ubique actualmente como el epicentro de la pandemia, con cerca de 28 millones de personas contagiadas y una cifra de 467,918 fallecidos por causa de este virus (John Hopkins University), hasta las dos primeras semanas del mes de febrero de este año.

En ese sentido, esa contención suave a manera de discurso, resuena desde Washington hacia el resto del continente, pasando por México, toda Centroamérica y el resto de la América del Sur, incluyendo otras latitudes, fomentando el mensaje “quédate en casa”, slogan que caracteriza las acciones emprendidas frente a la amenaza del COVID-19, con lo cual se pretende priorizar el tema de la pandemia y alternativamente, atenuar el fenómeno de movilidad transfronteriza activando las áreas de contención migratoria, comenzando por México y Guatemala, esto con el propósito de hacer prevalecer el interés y la “unidad nacional” de Estados Unidos.

De ahí que, las expectativas que genera la sobrevivencia humana en medio de la falta de atención gubernamental que enfrentan, en su mayoría los pobladores de varios países centroamericanos, sin duda, no se eliminan de forma expresa y exclusiva con la implementación de políticas de contención migratoria.

Menos aún con un discurso que impida la movilidad social y transfronteriza.

Se trata de una situación compleja que habrá que abordar más allá de la inmediatez del momento, requiere de la cooperación internacional y con ello, alentar la ejecución de planes para reactivar la economía local y nacional, promover la reconstrucción de las zonas afectadas por desastres naturales, fomentar la actividad agrícola e industrial, la generación de energía, pero además, un tema sustantivo que coloca a Centroamérica en la mira de lo que se avizora desde ya como “la geopolítica de las vacunas”, lo que atañe al posicionamiento que logren en esta materia las principales potencias científicas en cuestiones vinculadas a la pandemia como es el caso de Estados Unidos, China, Inglaterra, Alemania, Francia y Rusia entre otras; lo que dinamiza aún más el juego del ajedrez mundial, en medio de esta coyuntura de caos que altera, el devenir de una región como la centroamericana, donde se conjugan los viejos rezagos en el ámbito de la salud y de su economía, con la amenaza pandémica del COVID-19, junto a los efectos del cambio climático y los flujos migratorios, que ensombrecen la realidad presente y futura de esta región en pleno siglo XXI.

 

María del Pilar Ostos Cetina es Investigadora en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (IMEESDN). Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con estudios posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta columna es fruto de una colaboración entre Asia Link y la Red China y América Latina: Enfoques Multidisciplinarios (REDCAEM). www.chinayamericalatina.com 

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