Perú y China frente al COVID-19: espacios de cooperación y desarrollo

Tras más de dieciocho meses de iniciada la guerra comercial entre China y Estados Unidos, estos países firmaron la “Fase 1” de un acuerdo comercial que pausaba la imposición de nuevos aranceles.

Para Perú significaba tranquilidad, ya que ambos países son sus dos mayores socios comerciales con USD38 mil millones de dólares de intercambio comercial en 2019. La llegada del COVID-19 provocó una interrupción abrupta en las relaciones entre China y Estados Unidos. En este nuevo contexto de pandemia, Perú aplicó la estrategia china de prontitud y rigurosidad en el confinamiento, pero olvidó sus limitaciones sociales y tecnológicas. Así, tras más de cuatro meses de cuarentena nacional, no logró controlar el brote y todo parece indicar que no lo logrará —al menos no en base a la identificación y focalización de casos, como se logró en varios países asiáticos—, pues el gobierno levantó la cuarentena absoluta nacional en julio, trayendo como consecuencia el desequilibrio de la meseta alcanzada y un factor R>1 en todos los departamentos.[1]

Por otro lado, la ejecución de inversiones bilaterales se vio afectada y el intercambio comercial entre Perú y China en el periodo enero-abril 2020, fue un 25% menor a su equivalente del 2019.

El aspecto económico es también catastrófico para Perú. A diferencia de China, que mostró una variación anual positiva en el PIB del segundo trimestre de 2020 (3.2%) luego de una caída en el primero (-6.8%); Perú muestra variaciones negativas tanto en el primero (-3.5%) como en el segundo trimestre (-30.2%).

Adicionalmente también tiene los peores pronósticos de variación anual en el PIB anual 2020 en la región latinoamericana; el Banco Mundial pronostica una recesión de -12% y el FMI una de -14%. Además se suma la difícil labor del gobierno peruano de revisar sus cifras de defunciones hacia el alza. Considerando el subregistro aproximado de 200% de la cifra oficial de defunciones, Perú sería el país con la mayor cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes en el mundo.

El 11 de marzo —5 días después del primer caso de COVID-19 registrado en Perú— el gobierno decretó emergencia sanitaria y el 16 de marzo la emergencia nacional. Como consecuencia, se cerraron las fronteras y se iniciaron medidas de confinamiento, con lo cual los ciudadanos sólo tenían permitido salir de sus hogares para actividades de abastecimiento de alimentos, así como otros bienes (medicamentos) y servicios esenciales (atención médica, servicios financieros).

La estrategia debía funcionar, no obstante, las deficiencias estructurales y el atraso tecnológico lo impidieron.

Por un lado, el 9.7% de los hogares peruanos no cuentan con acceso a agua potable, servicio público esencial para uno de los mecanismos preventivos más importantes: el lavado de manos. Asimismo, el 11.8% de los hogares peruanos habitan viviendas en condiciones de hacinamiento (con 4 o más personas en una sola habitación), y el 51% de los hogares peruanos no cuentan con refrigeradores o neveras (78.1% de hogares pobres).

A ello se suma que el 71.1% de la población económicamente activa labora en el sector informal. En conjunto, estas deficiencias estructurales impidieron el estricto cumplimiento de la cuarentena. Dado que no todos los ciudadanos y ciudadanas podían lavarse adecuadamente las manos; evitar el contagio en casa; abastecerse de alimentos para varios días; y, una gran parte de la población no tuvo más opción que transgredir el confinamiento para poder obtener su propio sustento.

Frente a esta realidad, el gobierno reaccionó mediante transferencias monetarias. Para tal objetivo, elaboró una espiral de bonos para alcanzar cada vez más hogares. Así, se crearon: ‘Bono Yo me quedo en casa’, ‘Bono Independiente’, ‘Bono Rural’, ‘Bono Familiar Universal’, ‘Bono para policías, militares e INPE’. Sin embargo, saltó a la vista otra deficiencia estructural: sólo el 40% de la población posee una cuenta de depósito en el sistema financiero.

Con ello, a las ya masivas aglomeraciones en los mercados y medios de transporte se sumaron las aglomeraciones en los bancos. En contraste al caso peruano, la estrategia china se apoyó en el factor tecnológico para lograr el ‘distanciamiento social’. Supermercados y farmacias —bastante familiarizadas con el comercio electrónico— se adaptaron rápidamente al contexto COVID-19; de igual forma, los servicios delivery. Si bien en Perú, ni el comercio electrónico ni los servicios delivery eran muy populares, donde más distancia se notó con la realidad china fue en la recolección y adecuado aprovechamiento de la información disponible, referida a veces coloquialmente como “big data”.

Gracias a información generada por diversas aplicaciones, el gobierno chino fue capaz de rastrear los contactos de casos COVID-19 recién confirmados para descartar sucesivos contagios rápidamente.

El Estado peruano —al igual que muchos otros Estados ‘occidentales’— chocó consigo mismo en su intento de utilizar herramientas tecnológicas, las cuales finalmente no prosperaron como lo hicieron en China y otros países asiáticos.

Los espacios de cooperación permanecen latentes. China y Perú tienen un TLC desde 2010 y una Asociación Estratégica Integral desde 2013; ésta última involucra complementariedad económica, transferencia de tecnologías, coincidencias en el plano internacional y una política de pueblo a pueblo entre ambas naciones. En ese contexto China desplazó a Estados Unidos como primer socio comercial del Perú.

En los últimos 20 años, mientras el intercambio comercial con Estados Unidos se multiplicó por 4 (de USD3.385 millones de dólares en 2001, a USD14.363 millones de dólares en 2019), el intercambio comercial con China se multiplicó por 30 (de USD780 millones de dólares en 2001, a USD23.414 millones de dólares en 2019). Por su parte China ha mejorado su presencia en América Latina a través de la iniciativa de “La Franja y la Ruta”, proyecto chino que coordina mejoras en infraestructura, comercio, finanzas y políticas al cual se incorporaron 19 países latinoamericanos, incluido Perú.

Ser parte de “La Franja y la Ruta” significa tener acceso a fuentes de financiamiento importantes —como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura y el Banco de Desarrollo de China— canalizables mediante endeudamiento público o privado. En Perú, estos fondos se canalizaron hacia la construcción del Puerto de Chancay y de la Central Hidroeléctrica San Gabán III.

“América Crece” nació como un programa estadounidense canalizador de inversión privada en infraestructura y energía, que en la práctica busca contrarrestar la presencia china en la región.

Sin embargo, no sería suficiente para evitar que China se siga mostrando como un socio comercial más estable y conveniente. Al aspecto económico, donde Estados Unidos presenta una variación anual negativa en el PIB trimestral primero (-5%) y segundo (-32.9%), se le sumaría el ruido político producto de las próximas elecciones presidenciales y el fracaso estadounidense en el control de la pandemia.

Perú ha respondido rápido y fuerte a la llegada del COVID-19, sin embargo, sus deficiencias estructurales le han jugado en contra. Por lo que además de estar en recesión económica, se encuentra revisando sus cifras oficiales de defunciones al alza.

En paralelo, China que venía expandiendo sus vínculos con Perú y América Latina, ha controlado el brote de COVID-19 con éxito y –a diferencia de Estados Unidos– muestra un repunte económico en el segundo trimestre del 2020 y una perspectiva de crecimiento económico positivo para el presente año.

Si bien el escenario post-COVID-19 resultará en una interrelación bastante más compleja a nivel internacional, al menos en cuanto al panorama económico actual, diversos factores hacen ver la opción china como más atractiva que su par estadounidense, sin duda a futuro será posible evaluar esta dimensión.

[1] Un factor R>0 significa que cada caso activo de COVID-19 derivará en más de 1 persona contagiada. Es deseable que este factor se mantenga por debajo de 1.

 

Marco Carrasco-Villanueva es Magíster en Economía de la Universidad de París 1 – Sorbona. Investigador asistente del Centro de Desarrollo Internacional y coordinador de Desarrollo Profesional del BISG de la Universidad de Harvard. Asesor consultivo del Taller de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú.

Gerardo Gómez-Ari es Economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Consultor y asistente de investigación en economía del desarrollo, economía de la salud, evaluación de impacto y análisis de bases de datos.

 

Esta columna es fruto de una colaboración entre Asia Link y la Red China y América Latina: Enfoques Multidisciplinarios (REDCAEM). www.chinayamericalatina.com

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